Estimados Miembros de la Red del Observatorio Chileno de Políticas Educativas
El pasado Lunes 18 de Junio se concretó la expulsión de 6 estudiantes del Liceo Amunátegui y la “extrema condicionalidad” de 8 más. Las sanciones se derivan de la participación de estos alumnos en la ocupación del establecimiento los días 14 y 15 de Junio en el contexto de las múltiples manifestaciones (tomas, marchas, declaraciones, paros, etc.) que muestran el descontento con las medidas tomadas para resolver la crisis educativa.
Los estudiantes afectados pertenecen a distintos cursos del establecimiento, (nunca más de dos afectados por curso) y han sido amedrentados antes y después de su sanción por las autoridades; amenazas que se han extendido a todo aquel que apoye las movilizaciones.
Los estudiantes expulsados llevan dos semanas de clases y evaluaciones pérdidas. Se ven imposibilitados de ingresar a conversar con sus compañeros, incluso no pueden hacer uso de la beca que el Estado les ha entregado para su alimentación.
El día 26 de Junio fue presentado un recurso de protección a favor de los estudiantes expulsados y próximamente se espera realizar los trámites judiciales que les permitan volver a clases. Sin embargo los amedrentamientos continúan y en la memoria de los jóvenes ha quedado el temor a manifestarse y a ejercer su ciudadanía; tal como en décadas anteriores el terror desarticula el tejido social.
¿Es posible que profesores de la educación pública actúen como agentes de represión?
¿Podemos permitir que los jóvenes, de los cuales estuvimos orgullosos el año pasado, vean atropellados brutalmente su derecho a la participación?
¿Cuál es el rol de las autoridades, de todos los niveles, al permitir este acto vergonzoso?
Estamos seguros que este no es un conflicto puntual. ¿Dónde y cuándo esto terminará?
Este caso es sólo un ejemplo de variadas formas amedrentamiento y desarticulación que el movimiento estudiantil ha sufrido desde el término de las movilizaciones, el año pasado. Expulsiones, durante el mes de enero, reubicación sorpresiva en otros establecimientos, amenazas durante clases, condicionalidades, violentos desalojos y nuevamente expulsiones.
Estas acciones deben ser repudiadas, como cuando la ciudadanía en su conjunto, sancionó las brutales golpizas y vejaciones que algunos carabineros hicieron a los estudiantes movilizados el año pasado.
No perdamos nuestra capacidad de asombro, rompamos el cerco informativo y solidaricemos con los estudiantes sancionados. No seamos cómplices de la vulneración de derechos a niños que ven su educación y su vida en entredicho, por el simple hecho de ejercer su ciudadanía con las herramientas que tenían a mano.
Para esto estamos juntando una lista de firmantes en apoyo a los estudiantes. Esta lista será entregada a las autoridades correspondientes y al grupo de estudiantes organizados por el reintegro de sus compañeros en el Liceo Amunategui y en la Asamblea Metropolitana de Estudiantes Secundarios.
Gracias,
Observatorio Chileno de Políticas Educativas
El Derecho Ciudadano a Participar en la Educación Pública
OPECH
FONO: 9787794
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