El inicio del año 2011, junto con enunciar deseos de un nuevo año que permita superar un 2010 marcado por tragedias naturales y sociales, ha colocado nuevamente a la educación en primeria línea de la información nacional.
Desde el gobierno del empresario de derecha, Sebastián Piñera, el Ministerio de Educación comandado por el economista del Opus Dei, Joaquín Lavín, luego de una aparente negociación con el Colegio de Profesores, rechazada por la mayoría de los docentes, envío al Congreso –con cadena nacional incluida– un proyecto de ley que se titula: “sobre la calidad y equidad educacional”. Dicho proyecto de ley, el cual se desea por parte del gobierno hacerlo operativo desde Marzo de 2011, no sólo engaña con un título que nada tiene que ver con las ideas centrales que se plasman en dicho proyecto.
Dicha ley no da cuenta de cambios sustanciales en el financiamiento a los establecimientos municipales, ni cambios en la administración municipal de la educación pública que da muestra (hace bastante tiempo), de una evidente ineficiencia, ni tampoco nuevas orientaciones pedagógicas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en los establecimiento (como cambios en el número de estudiantes por sala de clase, programas fortalecimiento a la JEC, nuevas orientaciones en la capacitación a los docentes, nuevos lineamientos en el uso de las TICs, cambios en las evaluaciones estandarizadas, entre otros). Los cambios que plantea esta nueva ley solo se abocan en aspectos laborales de los y las docentes de establecimientos municipales, las cuales se centran en:
a.- Flexibilización mayor para causales de despido de los y las profesoras, lo cual se agrega a lo dispuesto en la ley SEP y lo que ya establece el estatuto docente.
b.- Termina con la titularidad en el cargo de Inspectores Generales, Jefes de UTP y miembros directivos y técnicos, dejando su nombramiento al arbitrio del Director sin mayor requisito que ser persona de “confianza”.
c.- Imposibilita una carrera profesional docente al permitir que otros profesionales u licenciados (egresados de una carrera universitaria sin titularse), no solo puedan realizar clases, como lo establece la actual LGE (ley general de Educación), sino también puedan ser Directores o directivos de los colegios.
d.- Entrega a los sostenedores facultades que permiten remover a Directores, cerrar o fusionar establecimiento sin ninguna restricción que sus criterios económicos. Construir procesos de evaluaciones paralelas a los establecidos por ley. Lo faculta a entregar asignaciones económicas a los y las docentes bajo criterios que ellos pueden determinar.
e.- Disminuye la indemnización por despido de 11 meses a 6 meses del 50% del promedio de los últimos 3 sueldos, precarizando dicha indemnización para permitir el despido de un importante número de docente sin un gasto importante para las arcas fiscales. Además, es un paso para hacerlo extensivo hacia otros trabajadores, en la búsqueda de la tan anhelada flexibilidad y desregulación laboral por parte de los tecnócratas capitalistas
Más allá de las forma que el gobierno expresa las bondades de esta ley, lo real es que las consecuencias de su aplicación no contribuyen a mejorar la calidad en la educación, más bien tiende a flexibilizar el mercado educacional (como al gobierno le gusta nombrar este derecho humano fundamental para las personas). Más allá de los recursos para la salida del sistema a los y las docente en edad de jubilar o el aumento marginal a la subvención que se entrega en establecimiento municipales, la actual ley que se discute en el congreso (que al parecer será aprobar sin modificaciones sustanciales), creará las condiciones de flexibilidad necesaria para “limpiar” a los establecimiento de aquellos docentes calificados por el gobierno como malos profesores, y de paso también permitirá una limpieza de aquellos y aquellas docentes que son conflictivos a la autoridad municipal.
Todos los elementos evidencian que estas acciones son parte de políticas que tienen como norte calibrar la educación municipal a los requerimiento de un mercado capitalista desregulado, requerimientos solicitados por instancias internacionales de tienden a delinear las políticas sociales desde una mirada exclusivamente neoliberal (aunque de liberal poco tienen). Aspecto relacionado con ello es por ejemplo el informe McKinsey.
Frente a este contexto nacional, desde nuestra realidad comunal, los desafíos para el 2011 son significativos. No solo debemos estar atentos a las situaciones que afectan a los y las docentes desde hace años y de las cuales las autoridades educacionales de Estación Central no dan ninguna posible solución (deudas previsionales, de perfeccionamiento, de bonos, condiciones de trabajo, transparencia en los dineros de Proyectos de Mejoramientos y ley SEP entregados a los establecimientos, entre otros). Debemos evitar tener una mirada ingenua en pensar que el Colegio de Profesores u otra organización (incluyendo los partidos políticos de la concertación y al PC), podrán revertir esta ley o entregar una propuesta en la perspectiva de fortalecer una Educación Pública desde una óptica de política educacional de Estado que asegure un derecho básico en calidad, democracia y pluralismo. Más bien, el conocimiento adecuado de las diferentes leyes que desea aplicar este gobierno en materia educacional (Por ejemplo, también se busca aprobar la ley de Aseguramiento de la calidad educacional), y una cohesión desde la base de los y las docentes podrán evitar que sostenedores y autoridades municipales nombradas por decreto para funciones político partidarias, utilicen dicha ley para despedir y generar un mayor control político en las diferentes Escuelas y Liceos de la comuna.
La ingenuidad (intencionado o involuntaria), de los dirigentes comunales, metropolitanos y nacionales permitió que mientras el Colegio aparentemente “negociaba” con el Ministerio de Educación, paralelamente este último modificaba unilateralmente los planes de estudio sin ningún planteamiento desde el diseño curricular, usando solo como argumento burdo “fortalecer al ABC de la educación”.
Colegas, los meses futuros serán muy similares a los que enfrentaron profesores y profesoras en el proceso de municipalización durante Dictadura. La incertidumbre, temor al perder el empleo, ambientes de soplonaje, una agudización del clientelismo de los “personajes” municipales colocados a dedo por el Alcalde, entre otras situaciones, tendremos que presenciar. Frente a ello, debemos fortalecer nuestro conocimiento en las leyes y las facultades reales que tienen las autoridades, realizar las denunciar frente al atropello y abuso por parte de aquellos y aquellas que se crean “patrones(as)” de la comuna. Además, debemos organizarnos en cada escuela y Liceo potenciar nuestro quehacer educacional, fortaleciendo las capacidades de nuestra actividad educativa que evite a las y los de siempre argumentar esos elementos (débil calidad de los docentes), para despedir, reubicar a los y las profesoras.
No esperemos desde el comunal del Colegio de Profesores acciones importantes y concretas, más allá de las posibles buenas intenciones que puedan tener. Su capacidad de convocatoria, motivacional y propositiva es débil, por lo cual no es de extrañar que en este contexto comience a desaparecer la actual organización que pretende representar a los y las profesoras.
Hoy es el tiempo, que desde bastante tiempo se viene anunciando, en el cual las capacidades argumentativas, intelectuales y organizativas se podrán a prueba.
¡¡FORTALECER LA BASE ORGANIZATIVA DOCENTE, QUE LAS Y LOS “PATRONES” NO SILENCIEN LA LUCHA POR UNA REAL EDUCACIÓN PÚBLICA!!
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