Un primer gran saludo a los valientes colegas movilizados y por cierto a la dirigencia nacional y a todos los niveles de la estructura institucional.
No puedo obviar la importancia de la familia en estos momentos de lucha gremial. No somos partidarios de la confrontación antojadiza e irreflexiva y si en este caso el movimiento de las profesoras y profesores del país durante el año ha sido de una extensión imprevista, ha sido única y exclusivamente por responsabilidad de la autoridad.
Las justas demandas de los pagos del bono SAE y la deuda histórica, son deudas de arrastre desde hace muchos años. Podríamos agregar muchas más: pago de los perfeccionamientos; pagos previsionales; pagos de horas extraordinarias; apropiación de las cotizaciones gremiales y de cuotas a casa comerciales. Pero son las condiciones objetivas las que señalan los momentos más certeros, y por cierto, nadie puede objetar que la lucha del pago del bono SAE, fue desarrollada en el momento más adecuado, a pesar de no pagarse desde hace al menos 8 años. Del mismo modo, el pago de una reparación del daño causado por efecto del traspaso forzado a una administración municipal ineficiente desde la década del 80, se hace viable a partir de una comisión solicitada a la Cámara de Diputados por el mismo gobierno para que estudie una fórmula que resuelva definitivamente la deuda demandada, comisión que evacúa un informe con propuesta concreta de reparación y que en un plazo de 120 días el gobierno debería pronunciarse afirmativamente mediante el envío de un proyecto de ley para tal efecto. ¿COMO NO AFIRMAR QUE ERA EL MOMENTO MÁS ADECUADO?
Lo que nadie esperaba que quien encarga se estudie la reparación de una deuda, sin explicación alguna inmediatamente la desconozca. Acaso somos una pieza del ajedrez político que debiéramos estar disponibles para los ajustes que su minuto requiera. La ministra Jiménez y el ministro Velasco son los representantes del gobierno de la presidenta Bachelet, y como tal son los responsables de esta mezquina triquiñuela política, cuyo fin no es otro que responsabilizarnos del fracaso de la educación pública, y de paso disminuir la empatía que la sociedad tiene con las profesoras y profesores del país.
A la justeza, flexibilidad económica y disposición del magisterio al diálogo para resolver los temas sensibles, dan respuesta con la excusa de la deuda social que los profesores tienen con el país, claro indicador de eludir la responsabilidad gubernamental, y agregan el éxodo de alumnos al Sector particular subvencionado, situación que viene aconteciendo desde hace 20 años en un lento proceso de privatización total de la enseñanza. Más mercado y menos educación.
Los profesores no aceptaremos la responsabilidad de la crisis de la educación, y claramente estamos decididamente en un aumento progresivo de recuperación de dignidad. La figura de una respuesta, que a todas luces es una NO RESPUESTA, apuesta al desgaste de las fuerzas y de la unidad de los profesores. Aparte de la obligación de reparación a los dañados por la dictadura, principalmente de todos aquellos colegas jubilados, somos señeros del comportamiento gremial y sindical para el mundo de todos los trabajadores. ¿Qué respuesta esperaríamos entonces a la negociación del sector público, si nos mostráramos en una bajada, pese a la justeza y razón potente que tenemos? El único argumento que he podido escuchar es el castigo a las remuneraciones, y es precisamente el gran objetivo de esta movilización es el término del robo a nuestra remuneración, no devolver el dinero entregado por la deuda SAE, y reparar con un bono mínimo la gran deuda de 60 millones de pesos que el Estado tiene con cada uno de los profesores.
Fraternalmente
Maximiliano Miranda Hernández
Tesorero Provincial Colegio de Profesores de Chile A.G.
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